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El Salvador reinventa su Ley de Ética Gubernamental en un esfuerzo por combatir la corrupción.

lunes, febrero 06, 2012

Piero Rusconi Bolaños
Asociado.

A pesar que distintos organismos internacionales han afirmado que nunca habrá un sistema donde no existan casos de corrupción, es importante reconocer todos aquellos esfuerzos orientados a prevenir esta práctica. En El Salvador, fue presentada en noviembre de 2009 a la Asamblea Legislativa una propuesta de reforma integral a la Ley de Ética Gubernamental y se logró su aprobación después de poco más de dos años. Al entrar en vigencia dicha reforma el 1° de Enero del año en curso y a pesar de encontrarse a “años luz” de otras jurisdicciones con sistemas más efectivos para combatir la corrupción, el Tribunal de Ética Gubernamental ha conseguido un logro significativo.





No cabe duda de que la nueva ley es una sólida respuesta al reclamo de una sociedad que exige medidas más eficientes para el combate de la corrupción, ya que la antigua ley tenía importantes vacíos y presentaba problemas en su aplicación práctica. Ahora el Tribunal cuenta con una herramienta más apropiada para cumplir con la promoción del desempeño ético en la función pública. 

La reforma de más de 40 artículos no sólo fortaleció al Tribunal de Ética, sino también amplió su competencia, definiendo de forma más clara los deberes y/o prohibiciones éticas, así como la aplicación de un procedimiento administrativo sancionador más eficiente para prevenir y erradicar la corrupción desde la esfera administrativa. 

Destaca también la actuación de oficio del Tribunal cuando estime que existen suficientes indicios de una posible violación a la mencionada ley por información divulgada públicamente u obtenida por otros medios. Por último pero no menos relevante, hay que destacar el establecimiento de sanciones pecuniarias hasta un máximo de aproximadamente $9,000.00 dólares, lo cual permitirá que dicha institución cuente con recursos verdaderamente autónomos, para investigar y dar trámite a las conductas antiéticas que sean objeto de aplicación de la mencionada ley.

La referida normativa, fue dictada también para dar cumplimiento, entre otras, al artículo 1 de la Constitución de la República de El Salvador, la Convención Interamericana contra la Corrupción, la Convención de las Naciones Unidad contra la Corrupción, y al Tratado Marco de Seguridad Democrática en Centro América. Su objetivo principal es el de normar y promover el desempeño ético en la función pública; prevenir, detectar y sancionar la corrupción no solo de los servidores públicos, sino también de todas aquellas personas que a pesar de no ser servidores públicos manejan bienes o fondos del Estado y también de ex servidores públicos.

Es innegable que un adecuado régimen de ética gubernamental es fundamental para el desarrollo no solo de la institucionalidad democrática de cualquier país, sino también para la correcta administración del patrimonio público, el combate a la corrupción, la eficiencia de la administración pública y la atracción de inversión extranjera.


Piero Rusconi Bolaños
Asociado 
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